sábado, 26 de febrero de 2011

Delincuencia inmigrante: el gran tabú.

 Hace tiempo que en España el rigor informativo falleció víctima de una enfermedad  infecciosa llamada corrección política. Repasando cualquiera de los domesticados medios de comunicación, salta a la vista  que la máxima preocupación de todos los que en ellos anidan, desde los prebostes más  poderosos a los diversos correveidiles, alguacilillos y palanganeros es seguir puntualmente las consignas y dogmas de la nueva ortodoxia políticamente correcta. El informar a sus lectores, oyentes o espectadores queda en un segundo plano ante este mandamiento prioritario. 

Si a eso sumamos la tendenciosidad en función del partido político, secta o cuadrilla que favorece al periódico, canal o emisora en cuestión, resulta que, al final, cualquier parecido entre la realidad y lo relatado por estos obedientes medios es pura coincidencia. 
El código para interpretar lo expresado por los presuntos informantes empieza, no obstante, a ser cada vez más conocido por los presuntos informados y de esa forma, los españolitos nos vamos haciendo una idea de lo que realmente ha pasado.
Así ya sabemos, por ejemplo, que cuando se narra algún suceso realizado por "jóvenes radicales" o "antisistema", seguramente se están refiriendo a una salvajada realizada por alguna banda de extrema izquierda o, si el suceso se data en Vascongadas, por algunos hijos de puta proetarras. También que cuando se habla de "soberanismo" o "nacionalismo" se está queriendo decir separatismo. O que cuando dicen "violencia machista" posiblemente se quieran referir a un caso de malos tratos o a un crimen pasional. Y así sucesivamente.
Este arte del disimulo y del birlibirloque alcanza cotas de virtuosismo cuando se trata de enmascarar los numerosos delitos protagonizados por inmigrantes. 
Ante cualquier noticia al respecto, hay que buscar con lupa el dato, cuando lo hay, que nos aclare que el tipo que  la emprendió a hachazos con las enfermeras de un ambulatorio en Fuenlabrada era un moro (perdón, quise decir un magrebí) o que los asesinos de unas mujeres en Valencia y en Reus eran dos sudacas (perdón: dos latinoamericanos).
Aunque desde hace tiempo, como atestigua el porcentaje de presos extranjeros en las prisiones españolas, la mayoría de los delitos cometidos en España son de autoría foránea, esta realidad incómoda se nos intenta escamotear sistemáticamente. No vaya a ser que los españoles se empiecen a plantear la posibilidad de pedir la expulsión de los inmigrantes delincuentes e ilegales. Con lo socorridos que resultan a la hora, por ejemplo, de evitar el ridículo absoluto en referendos separatistas o de servir de pretexto para que las numerosas oenegés, institutos, colectivos y demás chupocracias estatales, autonómicas y municipales  se forren a cuenta de las subvenciones y ayudas a la integración.
Menos mal que nuestros sabios políticos están al quite y, no solamente descartan la expulsión de los delincuentes, sino que, en un alarde de audacia que da la medida de su legendaria sagacidad, van a legalizar, de momento, a otros mil cuatrocientos como premio por haberse reproducido en nuestro suelo. Faltaría más.